Hinzpeter y la crisis
del Estado de Derecho
18 de diciembre de 2011
16:04
La separación de los poderes del Estado es condición sine qua non para asegurar la libertad en un estado democrático organizado como sistema republicano de gobierno. Es doctrina, según Locke, que no hay libertad posible, si el poder judicial va unido al poder ejecutivo, porque entonces el juez podría tener la fuerza de un opresor. Bajo el principio de separación de los poderes en un Estado de Derecho, la arremetida del ejecutivo a través del ministro Hinzpeter, de incorporar a la Fiscalía Nacional a sus estrategias para reducir los índices de delincuencia, es inadmisible. Por la naturaleza de sus tareas, el poder judicial y sus fiscales, jamás debieran concurrir a reunión alguna que tenga que ver con seguridad ciudadana -tarea de la exclusiva incumbencia del ejecutivo- a no ser que sean invitados como observadores. Ley de oro para el poder judicial y la Fiscalía Nacional, es que mientras más lejos estén del gobierno, mayores serán las garantías y perspectivas de los derechos ciudadanos. Presionar al poder judicial y a sus fiscales para que sujeten su quehacer a las necesidades del gobierno, sería como poner una camisa de fuerza a la ley y colocar a la justicia en un callejón sin salida. Aun admitiendo que un fiscal puede cometer un error u obrar sin celo jurisdiccional, su independencia es un rasgo inexcusable de su ministerio, que como cualquier órgano del Estado, está sometido a controles internos, siempre perfectibles. Por algo la Constitución chilena, en su artículo 73 capítulo VI, señala respecto de la autonomía del poder judicial que, ni el Ejecutivo ni el Congreso, pueden “en caso alguno” “revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones”.
Se afirma que hay dos errores en
la administración de justicia que una sociedad no tolera: la impunidad de
un delincuente y el ingreso a prisión de un inocente, razón por la que en los
procesos penales se manifiesta con meridiana claridad el carácter
democrático de un Estado. Por eso es tan importante que se sancione al
responsable de la comisión de un delito, luego de que la comprobación de su responsabilidad
penal se realice en forma justa, respetando los derechos fundamentales del
imputado. El hecho de que un gobierno espere que, para mejorar
los altos índices de delincuencia imperantes en el país, los fiscales deben
meter a más ciudadanos a la cárcel es una inconsecuencia doctrinaria. Y más lo
es su pretensión de someterlos al escrutinio del poder ejecutivo, porque, como
consecuencia de ello, los derechos de todo ciudadano acusado de un delito, se
ven objetivamente mermados, puesto que en el estudio de su aplicación se
estarían anteponiendo intereses personales, en este caso los relativos a los
ascensos y logros individuales de los fiscales. Nunca la ley aquí se ha visto más en
peligro de perder la auténtica lógica de que el acusado no es culpable hasta
que un tribunal competente demuestre lo contrario.
A la luz de los últimos
acontecimientos, causan verdadera alarma los dichos irresponsables de algunos
ministros y legisladores de gobierno, como los del ciudadano Monckeberg de RN:
“El Ministerio Público no sólo está para investigar los delitos sino también
tiene que coordinarse de mejor manera con los diferentes actores en materia de
seguridad pública para obtener mejores resultados”.
Lo absurdo de esta declaración está,
precisamente, en que busca concomitancia donde jamás debe haber siquiera
comunicación, so pena de caer en ejercicio de mala justicia. ¿Coordinarse para
distraer su atención de sus graves responsabilidades, como es la justicia plena
y la salvaguarda de la libertad en un Estado de Derecho? ¿Cuántos
hombres justos, no ya delincuentes, debieron sufrir la coordinación del
ejecutivo con el poder judicial durante la dictadura? (por poner un ejemplo extremo en
materia de irrespeto entre los poderes del Estado). Aquí, en
vez de perfeccionar el Estado de Derecho, se lo está sometiendo al oportunismo
propio de las políticas fracasadas, saltándose el Ministerio del Interior la
doctrina para crear un fantasma distorsionador de los principios democráticos,
y lo hace al publicitar, mañosamente, que las garantías del delincuente
estarían por sobre las garantías de las víctimas. En
consecuencia, su intromisión es como si buscara –aparte de eludir sus propias
responsabilidades- degradar a la Fiscalía Nacional en la correcta aplicación de la
justicia.
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